APROBACIÓN de LOS PLANES DE DESARROLLO, Inicio de una nueva etapa de desarrollo territorial

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Foto tomada https://expansion.mx/opinion/2023/03/23/el-logro-de-los-ods Y MODIFICADA POR EL AUTOR.

Una vez cumplido el proceso de audiencias participativas, de estructurar el documento técnico, evaluarlo y concertarlo en consejo de gobierno, ponerlo en consideración de la autoridad ambiental y del consejo territorial de planeación; inicia la recta final con las audiencias participativas para ajustar presupuesto. Ahora le llega el turno a los concejos y asambleas para el análisis, discusión y consideración del documento guía que define lo que será el futuro de la población que representan, refrendándolo con su voto de aprobación o desaprobación.

Cumpliendo con lo dispuesto en el art. 339 de la constitución política de Colombia, así como, el art. 45 de la ley 152 de 1994 las políticas y proyecciones de desarrollo en los territorios deben tener coherencia entre los gobiernos nacional, departamental y municipal, además de complementariedad y unidad de dirección para alcanzar objetivos comunes, responder a las necesidades de los ciudadanos y a la construcción de país.

En relación a los componentes de este documento, vale la pena señalar que, EL DIAGNÓSTICO, es una parte esencial y fundamental, aunque en ocasiones no le dan la importancia adecuada, este, es el punto de partida para los procesos de planeación y prospectiva; es la radiografía del territorio en la actualidad, por ello requiere que la información provenga de fuentes confiables y actualizadas. Así mismo es importante resaltar, que la información que en este segmento se registra, es la referencia para la formulación de los proyectos a desarrollar en el cuatrienio, así que, de la veracidad, especifidad y confiablidad de los datos parte el éxito e impacto de los proyectos a ejecutar.

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA,  en esta sección se registra la proyección estructural de la administración para el periodo constitucional;  ésta responde al que, como, quién, cuando, con que y donde “VAMOS A HACER PARA TRANSFORMAR EL TERRITORIO”; es un proceso que requiere de un equipo interdisciplinario, con conocimiento del territorio y de la administración pública; quienes tienen la misión de interpretar los datos, los requerimientos, necesidades y sugerencias de las comunidades, las directrices del mandatario local, y ajustar estas en concordancia con la planeación internacional, nacional, departamental y municipal, con una mirada “glocal”, es decir, viendo desde el territorio pero pensando de manera global en las oportunidades nacionales e internacionales, identificando los puntos de interés que dan valor diferencial al territorio y sobre los cuales se pueden cimentar las bases para el desarrollo y la competitividad.

LA MATRIZ FINANCIERA, es quizás uno de los proceso más complejos, porque requiere de identificar cada una de las fuentes de ingresos de las administraciones locales, los gastos, fuentes alternas de cofinanciación, que pueden ser alianzas público-privadas, cooperación internacional, fondos u otras alternativas de recursos; y con ello realizar una proyección de distribución e inversión para poder alcanzar los lineamientos estratégicos, programas y proyectos a desarrollar, cumpliendo con la regla fiscal y generando un retorno efectivo en bienestar social, aumento de recursos propios, garantizando y fortaleciendo la autosuficiencia de los entes territoriales.  

En manos de los Diputados y Concejales queda esa gran responsabilidad de realizar un proceso de estudio objetivo, donde se proyecte cumpliendo los lineamientos de la agenda 2030 de no dejar a nadie atrás, protegiendo y conservando el planeta y aumentando la gobernanza; teniendo en cuenta factores como la vocación del territorio, las apuestas de competitividad, la transformación o conservación urbanística, el fortalecimiento del capital y tejido social, las políticas de paz,  el fomento y promoción  de la ciencia, tecnología e innovación, el desarrollo rural integral que promueva e impulse la producción y con ello la generación de empleo.  

El próximo 31 de mayo vence el plazo para la aprobación, sin embargo, se sugiere que los de orden departamental sean aprobados con anterioridad, para que la información allí registrada sea tenida en cuenta en los municipales y cumplir con ese principio de coherencia e interés mutuo de las administraciones gubernamentales, quienes tienen el semáforo en naranja para dar inicio a una nueva etapa de desarrollo de los territorios.

Uriel Peña García