Cada vez que en Colombia se anuncia una nueva reforma tributaria, la discusión pública se enciende. Para unos es la vía indispensable para garantizar recursos y sostener la inversión social, mientras que para otros es un golpe al bolsillo de los ciudadanos en un momento en que la economía atraviesa un escenario complejo. Las reformas, en teoría, buscan asegurar ingresos, fortalecer la redistribución y evitar déficits, pero también pueden afectar el consumo, frenar la inversión y golpear con especial dureza a la clase media, que suele ser el sector más fácil de gravar y el menos protegido por subsidios.
El debate, sin embargo, va más allá de cuánto se recauda. La pregunta de fondo es hacia dónde se dirigen esos recursos y si realmente se logran recaudar en un contexto donde el mismo gobierno ha roto la regla fiscal y ha mostrado poco respeto por las normas que garantizan estabilidad presupuestal. Esa incertidumbre puede frenar la inversión, comprometer la confianza de los mercados y generar efectos negativos no solo en la economía, sino también en lo social y lo institucional. No se trata únicamente de llenar las arcas del Estado, sino de garantizar que lo recaudado se administre con eficiencia, transparencia y visión de futuro.
También es necesario cuestionar si la única forma de mejorar las finanzas públicas es a través de reformas tributarias o leyes de financiamiento. ¿No existen acaso otras alternativas? La optimización del gasto, la reducción de la evasión y elusión fiscal, la lucha real contra la corrupción, la priorización de inversiones estratégicas y la promoción de un aparato productivo más dinámico son opciones que no deberían quedar relegadas. Aumentar los impuestos sin acompañar estas medidas es cargar de responsabilidad al ciudadano sin atacar los problemas estructurales del sistema.
El asistencialismo social ilustra bien la dualidad del problema: funciona como un colchón en tiempos de crisis y protege a los más vulnerables, pero corre el riesgo de convertirse en una herramienta de dependencia si no se acompaña de políticas que fortalezcan capacidades productivas y promuevan autonomía. Esto cobra mayor relevancia porque la clase media, al ser más visible y más presionada tributariamente, corre el riesgo de deslizarse hacia la vulnerabilidad, debilitando su papel como motor económico.
En este marco, es importante recordar que ninguna ideología política que alcanza espacios de poder, sea de izquierda o de derecha, piensa en gobernar solo por un periodo. Todo proyecto busca permanecer y para ello necesita aceptación ciudadana. La izquierda suele apelar a la justicia social y a la redistribución; la derecha, a la estabilidad, la seguirdad y la confianza del mercado. En ambos casos, las decisiones fiscales y asistenciales tienen un trasfondo político: asegurar gobernabilidad y garantizar continuidad.
La cuestión entonces no es únicamente si es bueno o malo tocar el bolsillo de los colombianos, sino para qué y cómo se hace. Será positivo si esos sacrificios se traducen en bienes públicos de calidad, en empleo, infraestructura y mejores oportunidades. Será negativo si solo sirven para sostener burocracias ineficientes o para ganar legitimidad política en el corto plazo. Lo que el ciudadano espera, con toda razón, es simple: que los impuestos que paga no se conviertan en incertidumbre, sino en prosperidad compartida y en un Estado que administre con responsabilidad la prosperidad y no la pobreza.
Uriel Peña García 